Sobre goPRS

Antecedentes

La contratación pública es un componente crucial de la prestación de servicios públicos, la buena gobernanza y las economías sostenibles con un crecimiento inclusivo. Teniendo en cuenta que la contratación pública implica el gasto de grandes sumas de dinero público, y dada su magnitud, puede afectar la estructura y el funcionamiento de la competencia en un mercado. Más generalmente, es fundamental proteger la integridad del proceso de contratación pública, maximizar los beneficios resultantes para la sociedad y proteger los mercados competitivos.

La contratación pública tiene una importancia económica sustancial tanto a nivel nacional como internacional, ya que gastan en contratación pública alrededor del 12-20% del PIB del país. Por lo tanto, el fortalecimiento del sistema de contratación pública es esencial para lograr resultados concretos y sostenibles y para construir instituciones efectivas.

En el frente interno, a través de la adquisición de bienes, obras y servicios de proveedores no gubernamentales, los organismos públicos cumplen con su obligación de proporcionar servicios esenciales a sus ciudadanos. Los sistemas de adquisiciones tienen un impacto significativo en el uso eficiente de los fondos públicos y, en general en la buena gobernanza y la confianza pública y el apoyo del gobierno. Lograr la eficiencia económica, proporcionar oportunidades equitativas para que los proveedores compitan por los contratos públicos y permitir el acceso público a la información sobre contratación pública son todas las condiciones esenciales de un sistema de contratación eficaz.

A nivel internacional, a través de la contratación pública, el número de proveedores y contratistas que compiten por un contrato aumenta, lo que garantiza el mejor valor para el dinero público y mejora la calidad del desempeño del contrato. Se mejora la disponibilidad de productos, servicios, experiencia e innovación para satisfacer las necesidades de una nación y sus ciudadanos. goPRS fue desarrollado para promover la armonización de las normas internacionales de contratación pública. Considera las disposiciones de la Ley Modelo de la CNUDMI, el Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública, las directivas de la Unión Europea (sobre contratación pública y procedimientos de apelación), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las directrices del Banco Mundial para la contratación, la Iniciativa de Integridad y Anticorrupción del Banco Africano de Desarrollo, así como otros acuerdos y guías internacionalmente aceptados.